El Sistema de Control de Cárceles monitoreó establecimientos penitenciarios de la provincia de Córdoba

El Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles monitoreó cárceles en la provincia de Córdoba de más de 4000 personas detenidas y se efectuaron observaciones respecto del sistema sancionatorio, de la alimentación, del trato a las mujeres y a las madres con niños privadas de su libertad.

El organismo, presidido por el juez federal Gustavo M. Hornos, que busca proteger los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad, lleva a cabo controles para verificar las condiciones de vida de los internos y emite recomendaciones.

El pasado lunes, una comitiva conformada por los jueces Mariano Hernán Borinsky y Sergio Paduczak; el fiscal José Nebbia; la secretaria Bárbara Franco; el defensor público oficial Jorge Perano; la delegada local de la Procuración Penitenciaria Nacional, Roxana Gauna; en representación del CELS, Eva Asprella y Mariano Lanziano, y la secretaria del Sistema de Control de Cárceles, Lucía Gallagher, se hizo presente en el Complejo Carcelario Nº1 “Reverendo Francisco Luchese”. El Sistema ya ha efectuado monitoreos en unidades penitenciarias en distintas provincias, como Chaco, Misiones, Salta, Mendoza, Buenos Aires, Neuquén y Chubut.

En la segunda jornada de monitoreo, y con especial interés en aspectos asistenciales vinculados a las problemáticas propias de las mujeres privadas de la libertad, la comitiva inspeccionó el Establecimiento Penitenciario Nro. 3 (mujeres), donde además se hizo entrega de la VI Recomendación emitida recientemente por el Sistema referida a la problemática de género en contextos de encierro y dirigida a garantizar los derechos de las mujeres privadas de la libertad.

El resto de la comitiva se dirigió al Complejo Carcelario Nº 2 “Adjutor Andrés Abregú”, ubicado en Cruz del Eje.

Al finalizar la recorrida, el ministro de Justicia provincial, Luis Angulo, y el secretario de Gestión y Organización Penitenciaria, José Piñero, recibieron en la sede del ministerio local a los miembros del Sistema.

Allí, los jueces Borinsky y Paduczak advirtieron la necesidad de flexibilizar el régimen de vida de aquellas personas que se encuentran alojadas en los denominados pabellones para “internos con dificultades conductuales”.

Señalaron que resulta de enorme gravedad el modo de intervención del personal encargado de la seguridad cuando denominan y actúan en presuntos focos de conflicto, entre los que se cuentan diversas situaciones como cuestiones de convivencia, diferentes modos de expresión de las emociones o bien en cuestiones disciplinarias. Es así que problemas de distinta etiología, que requieren diferentes soluciones, son insistentemente controlados mediante el aislamiento y la utilización de psicofármacos y sujeción a camillas en el sector de sanidad, no como un medio terapéutico, sino como un modo de control y castigo.

Ese tipo de intervenciones configuran situaciones del mayor riesgo para la violación de derechos fundamentales de las personas detenidas, para evitar el control judicial de las medidas disciplinarias y para un certero daño en la salud mental de los detenidos así tratados.

Al respecto, los miembros sugirieron que se prohíban las medidas de sujeción respecto de las personas sancionadas o consideradas conflictivas.

Asimismo, postularon que se garantice –como regla- el acceso de todos los internos/as a los patios externos, por, al menos, el tiempo establecido como estándar internacional para el ejercicio físico al aire libre (una hora por día, conforme lo disponen las Reglas Mandela). Y la provisión de elementos de recreación deportivos y otros, para ser utilizados en los patios internos del pabellón.

Por otra parte, se refirieron a las medidas de seguridad tomadas en relación a las mujeres, a quienes se las sujeta a una cama y son esposadas inmediatamente luego de dar a luz. Circunstancia que surgió de las entrevistas con las internas y que fue confirmada por las autoridades del Establecimiento de mujeres.

Se planteó la preocupación por el suministro de la comida tanto por su mala calidad como por su baja cantidad. Se advirtió que, al igual que en otras unidades carcelarias del país, la comida proporcionada a los internos no se correspondía con la que figura en el menú y que, tampoco es entregada en horarios adecuados.

Asimismo, en relación con las mujeres privadas de la libertad, se sugirió garantizar el acceso a los servicios médicos de todas las detenidas alojadas en el Establecimiento en tiempo y forma adecuada y según la especialidad que requieran. También respecto de sus hijos y que se arbitren los medios necesarios para la asignación de un pediatra y obstetra de manera permanente. En relación a los niños se hizo hincapié en la calidad y en la cantidad de leche que reciben. En algunos casos, las madres señalaron que se le había entregado leche en mal estado o vencida.

Se propuso la instalación de al menos una línea telefónica para evitar focos de conflicto en los pabellones y para asegurar la efectiva comunicación de los detenidos/as con el exterior.

Los miembros presentes apoyaron la iniciativa del proyecto de ley para la implementación del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y otros tratos penas crueles, inhumanos o degradantes. En esa dirección, consideraron oportuno reafirmar la posibilidad de ingreso a todos los establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba a los organismos de control a fin de que continúen con la tarea de monitorear los establecimientos carcelarios provinciales.

Tanto el ministro de Justicia, Luis Angulo, como el secretario José Piñero reafirmaron enfáticamente su compromiso con el respeto por los derechos humanos de todas las personas privadas de la libertad en el ámbito del servicio penitenciario de la provincia mediante el dictado de medidas acorde al aseguramiento del cumplimiento de todos los derechos y garantías constitucionales y convencionales.

Los miembros del Sistema también fueron recibidos por en el Palacio de la Suprema Corte de Justicia de Córdoba por el presidente, Domingo Sesin, y por los ministros Aida Tarditti, Mercedes Blanc de Arabel, María Marta Cáceres de Bollatti y Sebastián López Peña. Además, se encontraban presentes los jueces de ejecución provincial y el juez federal Julián Falcucci. Y parte de la comitiva fue recibida por los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones, donde intercambiaron criterios y fallos sobre cuestiones referidas a personas privadas de la libertad.

Informe e imágenes: Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles