La Cámara Federal de Casación ratificó los procesamientos de Leandro, Luciana y Melina Báez y los embargos por 10.500 millones de pesos cada uno

23/11/2017 - Lo resolvió la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Liliana Catucci. Es por el delito de lavado de activos agravado. También ratificó la ampliación del procesamiento de Jorge Chueco

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos (en carácter de presidente del tribunal), Mariano Hernán Borinsky y Liliana E. Catucci, no hizo lugar a una queja presentada por la defensa de Leandro, Luciana y Melina Báez contra la decisión, de la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, que no había hecho lugar a un recurso de casación contra la decisión de esa misma Cámara que confirmó los procesamientos sin prisión preventiva de los nombrados por el delito de lavado de activos agravado por ser miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, y la traba de embargo a cada uno de ellos por un monto de diez mil quinientos millones de pesos.

También rechazó una queja de la defensa de Jorge Chueco contra la denegatoria de un recurso de casación interpuesto contra la decisión de la  Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que había confirmado la ampliación de su procesamiento y embargo por el delito de lavado de activos, agravado por realizar hechos con habitualidad y ser miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza.

En otra resolución hizo lugar a una queja, por recurso de casación denegado, presentada por la AFIP, querellante en la causa, contra la decisión de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que había revocado el procesamiento de Erusalimsky por el delito de lavado de activos y lo sobreseyó.

Los encausados están procesados por el delito de lavado de activos, con relación a la realización de maniobras a través de la financiera SGI, con el fin de sacar del país sumas millonarias en dólares con facturación apócrifa simulando gastos en los contratos de obra pública con el Estado Nacional.