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    Fecha de publicación
    Viernes, 27 de septiembre de 2013

    Lesa humanidad: el juez Rafecas elevó a juicio oral una causa por crímenes en Automotores Orletti

    Se trata de una investigación contra tres ex oficiales del área de Inteligencia de la Policía Federal Argentina, por secuestros, torturas y homicidios en aquel centro clandestino de detención. Forma parte de la megacausa Primer Cuerpo de Ejército

    En el marco de la causa “Automotores Orletti”, que forma parte de las investigaciones relacionadas con el Primer Cuerpo del Ejército y en donde ya hay seis represores condenados y otro a la espera del juicio oral, el juez federal Daniel Rafecas envió el pasado jueves a juicio oral a otros tres ex altos oficiales de la Policía Federal del área de Inteligencia, por crímenes de secuestros, torturas y homicidios en el marco del centro clandestino de detención “Orletti”.

    La medida, adoptada en dos resoluciones recayó, por un lado, sobre el ex comisario inspector Rolando Oscar Nerone y el ex subcomisario Oscar Roberto Gutiérrez y, por el otro, en el subcomisario retirado José Néstor Ferrer, todos de la Policía Federal Argentina, quienes se encuentran detenidos en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz desde su indagatoria y procesamiento por parte del citado magistrado, lo que fuera confirmado por la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

    Conforme fuera probado en la investigación, los oficiales Nerone y Gutiérrez, el 26 de septiembre de 1976, llevaron a cabo un operativo ilegal en la localidad de San Martín, en el cual se detuvo a Victoria Lucía Grisonas y se dio muerte a Mario Roger Julien, pareja de la nombrada. En el operativo se hallaban presentes los dos hijos de la pareja, Anatole Boris, de 4 años, y Victoria Eva, de 2.

    Una partida de defunción perteneciente a una persona anotada como N.N., muerta en la misma fecha y en el mismo domicilio, a causa de heridas por armas de fuego, fue la prueba que terminó por confirmar la versión de los testigos del hecho, que presenciaron el homicidio de Mario Roger Julien y la detención de la madre de los menores.

    Victoria Lucía y los dos menores fueron llevados al centro clandestino de detención y tortura “Automotores Orletti” del barrio de Floresta de la Ciudad de Buenos Aires. Sigue desaparecida, mientras que sus dos hijos, siempre en un marco de ilegalidad, fueron llevados a Uruguay y luego a Chile, donde fueron abandonados en una plaza de Valparaíso y luego adoptados legalmente por una familia de ese país.

    En el caso del ex policía Ferrer, oficial de Inteligencia, el juez Rafecas dio por probado que comandó el operativo, realizado el 14 de septiembre de 1976 en un departamento del Barrio de Chacarita, en el que fueron secuestrados Ana María del Carmen Pérez –embaraza de ocho meses- y Gustavo Adolfo Gayá, y fue asesinada la esposa de este último, Estela María Moya de Gayá. El hijo de Gustavo y Estela, de nombre Ernesto, de dos años de edad, fue llevado en horas de la madrugada a la casa de sus abuelos.

    Ana María y Gustavo fueron llevados a “Orletti”, donde compartieron cautiverio con Ricardo Gayá, hermano de Gustavo y pareja de Ana María, quien había sido detenido meses antes y llevado al centro clandestino de detención.

    El centro clandestino mencionado funcionó en un taller mecánico del barrio de Floresta, alquilado por la SIDE en mayo de 1976, operando como sede del llamado “Plan Cóndor” para el alojamiento de múltiples víctimas, sometidas a las más salvajes prácticas de tortura, aplicadas a los detenidos por personal dependiente de la SIDE y por integrantes de la llamada “Triple A”, que de la mano de Aníbal Gordon ejercía liderazgo en el lugar.

    Una de las características de este centro de detención ha sido el hecho de que una de las formas escogidas por los represores que actuaron en él para hacer desaparecer a las víctimas fue el homicidio de las mismas, y la introducción de sus cuerpos en tambores de 200 litros, con cal y cemento, los cuales fueron arrojados en diversos sitios.

    En el año 1976, un agente de la Prefectura de San Fernando vio cuando personas, abordo de tres vehículos, tiraban al Canal de San Fernando tambores, que luego fueron relevados y, tras la apertura de los mismos, se hallaron ocho cadáveres en estado de putrefacción y con una mezcla de arena y cemento adherida a ellos, que rellenaba el tambor.

    Entre las víctimas se identificó, precisamente, a Ana María del Carmen Pérez -quien estaba con un embarazo a término y cuyo cuerpo fue hallado con un tiro en el vientre- y a los hermanos Ricardo y Gustavo Gayá, así como también a Marcelo Ariel Gelman, hijo del escritor argentino Juan Gelman, y Dardo Albeano Zelarayán, todos ellos también víctimas mantenidas en cautiverio y torturadas en “Orletti”, antes de ser asesinadas.

    La presencia de Nerone y de Gutiérrez en el operativo contra el matrimonio Julien Grisonas fue corroborada por un expediente administrativo a raíz de una herida sufrida por Nerone, expediente en el cual surge que el nombrado fue secundado por Gutiérrez y por el policía Roberto Gómez Migenes, ya fallecido.

    Según una nota firmada por el teniente coronel del Ejército Juan Ramón Nieto Moreno, entonces a cargo del Departamento de Contrainteligencia de la SIDE y jefe del Grupo de Tareas, Roberto Oscar Gutiérrez y Rolando Oscar Nerone fueron “felicitados” por su desempeño en el operativo de San Martín, el cual enmarcó en las acciones tendientes a desintegrar la organización “O.P.R. 33 Orientales”.

    En el caso de Ferrer, su intervención ha quedado registrada en un expediente del Consejo de Guerra Especial Estable n° 1/1 del Primer Cuerpo Ejército, en el que se dejó constancia de un operativo fraguado con el fin de justificar el homicidio de Estela María Moya y en el que se consignó, fraudulentamente, que los otros moradores de la casa habían logrado huir, ocultando con ello su detención ilegal.

    Los nombrados se sumarán en juicio al ex agente de la SIDE Miguel Ángel Furci y otros represores también imputados por el juez Rafecas, por los delitos cometidos con relación al centro clandestino “Orletti”, por los cuales fueron condenados a penas de prisión por parte del Tribunal Oral Federal Nº 1, Eduardo Alfredo Ruffo, ex agente civil de Inteligencia de la Secretaría de Inteligencia del Estado; Raúl Antonio Guglielminetti, ex agente civil  de inteligencia del Batallón 601 del Ejército Argentino; Honorio Carlos Martínez Ruiz, ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado; y también el general de división –también retirado- del Ejército Argentino Eduardo Rodolfo Cabanillas, el coronel retirado –fallecido- Rubén Víctor Visuara, y el comodoro retirado –fallecido- de la Fuerza Aérea Néstor Horacio Guillamondegui.

     

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