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    Fecha de publicación:
    Martes, 04 de octubre de 2016

    Casación Federal confirmó condenas y elevó penas en un caso por contrabando de cocaína en biodiésel

    Lo resolvió la Sala IV. Se trata de una causa en donde se realizó una “entrega vigilada” de droga desde la Argentina a España, para investigar el contrabando de cocaína que era diluida en biodiésel exportado legalmente

    La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, hizo lugar a los recursos de casación interpuestos por el fiscal y por la Dirección General de Aduanas y condenó al abogado interviniente en la maniobra y a una involucrada a las penas de 4 años y seis meses de prisión por contrabando de estupefacientes. Asimismo se confirmó otra condena a 7 años de prisión y la única absolución que había sido dictada.

    En el caso, las autoridades locales, por medio de escuchas telefónicas, detectaron que una banda estaba por realizar una exportación de cocaína a España disimulada dentro de bidones que contenían biodiesel y, mediante el procedimiento de “Entrega Vigilada”, de manera coordinada con las autoridades españolas, reemplazaron la droga por una sustancia inocua y autorizaron la exportación, logrando identificar a las personas que la recibieron en el país europeo, quienes se encuentran detenidos y están siendo juzgados en aquel país.

    En esta oportunidad, se juzgó a las personas que fueron identificadas y detenidas en la Argentina y los magistrados  señalaron que el procedimiento resulta absolutamente válido y que se encuentra incluido en las Convenciones de las Naciones Unidas Contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

    Así, la República Argentina ha previsto esta situación relacionada intrínsecamente con la problemática y ha generados mecanismos eficientes para efectuar investigaciones sobre el narcotráfico en cooperación con otros países con total resguardo de las garantías constitucionales.

     

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