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    Fecha de publicación:
    Miércoles, 30 de noviembre de 2016

    Comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional por la implementación de la ley de flagrancia

    Comunicado Nro.101/2016

     

    Implementación de la Ley de Flagrancia

     

    Desde la sanción de la Ley 27.272 (modificatoria del procedimiento de flagrancia en el actual Código Procesal Penal de la Nación), representantes de los distintos estamentos de nuestra Asociación, mantuvieron sucesivas reuniones en el Ministerio de Justicia y DD.HH. de la Nación con las autoridades que, de alguna manera u otra, deberán tener intervención en su implementación.

    En dichas reuniones, más allá de la buena predisposición expresada por todos los actores para que dicha reforma pudiera prosperar, se evidenciaron múltiples inconvenientes derivados de la falta de previsión logística (en especial traslados y alojamiento de detenidos) y de importantes carencias de recursos materiales y humanos para que dicho procedimiento pudiera llevarse a cabo en las condiciones mínimas necesarias para garantizar -cuanto menos- su normal implementación, lo que motivó al Poder Ejecutivo a suspender su publicación.

    En el último encuentro plenario, llevado a cabo el pasado viernes 25 de noviembre, nuestros representantes señalaron una vez más falencias de distinta índole advertidas en cada uno de los estamentos, las que a la fecha no fueron solucionadas.

    Las Cámaras en lo penal de diversas jurisdicciones y fueros han expresado también a través de acordadas las dificultades que la implementación de la nueva ley acarreará sin las previsiones de rigor.

    En este contexto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional no puede dejar de señalar su preocupación ante la inminencia de la entrada en vigencia de la Ley 27.272 sin estudios previos de factibilidad y exhorta a las autoridades para que, previo poner en marcha cualquier reforma procedimental se adopten las medidas necesarias para su implementación y se dote de los recursos imprescindibles para asegurar el éxito de la misma, de modo que los múltiples actores del sistema de justicia puedan cumplir cabalmente con el rol que les asigna la ley y les reclama la sociedad, de modo tal que no se los haga cargo luego de su posterior fracaso.

     

    Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016

     

    Ricardo Recondo, presidente

    Alejandro Sudera, vicepresidente

    Gustavo Kollmann, vicepresidente por el MPD

    Ricardo Sáenz, vicepresidente por el MPF

    Natalia Caviglia, vicepresidente por Funcionarios

    Marcelo Gallo Tagle, secretario general

     

     

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