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    El Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles recibió un reconocimiento de la Conferencia Episcopal Argentina

    El organismo, presidido por el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo M. Hornos, recibió una distinción por “la defensa de la dignidad humana”
    El Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles recibió un reconocimiento de la Conferencia Episcopal Argentina

    El pasado 7 de noviembre, en el Salón Libertador del Palacio San Martín, y ante la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y referentes y promotores de la paz mundial, se hizo entrega del Premio Poliedro por la Paz –Edición 2017-, entregado por la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina y promovido por Su Santidad el Papa Francisco.

    Por primera vez en nuestro país, referentes de la paz fueron reconocidos en un acto que premia a aquellos actores que buscan hacer de nuestra Nación un lugar mejor. Se trata del evento que celebra la paz en Argentina.

    En vistas a desarrollar una comunión en las diferencias, el Papa Francisco propuso la imagen del poliedro,  “ni la esfera global que anula ni la parcialidad aislada que castra”. En el “poliedro social” es posible recoger lo mejor de cada uno, armonizar las aristas, y juntos construir la paz, ampliando la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficie a todos, especialmente a los más postergados.

    Luego de un proceso de selección el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles recibió el reconocimiento por su labor en defensa de la dignidad humana.

    Se reconoce al trabajo por la paz y su promoción en diversas dimensiones, con el fin de motivar a toda la comunidad para que haya más actores comprometidos con la paz en el mundo.

    El Sistema es un espacio interinstitucional y plural, conformado por jueces de diversas instancias, fiscales de la Procuración General de la Nación –particularmente la Procuraduría contra la Violencia Institucional-, la defensa pública oficial y la Procuración Penitenciaria de la Nación. También intervienen, en carácter de miembros consultivos y como representantes de la sociedad civil y control ciudadano, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) –como organización no gubernamental de reconocida trayectoria en la materia- y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal –entidad rectora de la matrícula profesional-. En el año 2017 se incorporaron la Asociación Pensamiento Penal y la Comisión Provincial por la Memoria.

    El control jurisdiccional amplio y efectivo de la pena privativa de libertad que se presenta desde el Sistema constituye una propuesta de cambio cultural en el ámbito judicial, así como una evolución de la perspectiva de abordaje de las cuestiones penitenciarias y las condiciones de detención: mirar tras los muros desde la óptica de los derechos y ya no de las prohibiciones.

    Desde su creación, en el año 2013, los miembros realizan monitoreos en lugares de privación de libertad sin aviso previo, con apego a la normativa internacional -principios generales, convenciones y protocolos-, regional y nacional y a los estándares que de ellos surgen, particularmente las Reglas Mandela.

    En ese relevamiento institucional con proyección estratégica a todo el país fueron abiertos sectores que nunca se habían inspeccionado y fueron escuchadas personas hasta el momento silenciadas. Así, se encontraron situaciones coyunturales muy por debajo de aquellos estándares de derechos humanos, que se procuraron solucionar inmediatamente antes de terminar la visita y sin perjuicio del ulterior seguimiento.

    La más trágica realidad convocó de urgencia a extender los monitoreos a los Institutos donde se encuentran alojados niños, niñas y adolescentes, en los que la identificación de problemas y planteo de posibles soluciones se tuvo presente el interés superior del niño/a y los específicos derechos reconocidos en las convenciones internacionales.

    De esta manera, el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles reafirma su compromiso con las personas privadas de la libertad y el aseguramiento de la vigencia de sus derechos fundamentales.

     

    Texto: Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles

     

     

     

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