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    Fecha de publicación:
    Viernes, 09 de julio de 2010

    Riachuelo: la Justicia busca asegurar fondos y reforzar la presencia de fuerzas de seguridad

    El Juzgado Federal de Quilmes requirió un informe sobre los presupuestos proyectados para el 2011 para el saneamiento de la cuenca. Además, solicitó que Policía y Gendarmería, entre otras fuerzas, tengan presencia efectiva en la zona. Resolución completa
    Riachuelo: la Justicia busca asegurar fondos y reforzar la presencia de fuerzas de seguridad

    A través de una resolución, dictada este jueves, el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, pidió al Estado nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a la Ciudad de Buenos Aires y a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) presentar un informe sobre los presupuestos proyectados para el próximo año.

    La medida busca “no sólo tener efectivo control, sin también prever con suficiente antelación las cuestiones económico-financieras para afrontar las erogaciones indispensables para el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental que involucra la remediación de toda la Cuenca Matanza Riachuelo durante el año 2011”.

    La exigencia deberá ser cumplida en un plazo de 15 días, bajo apercibimiento de aplicar multas a quienes resulten responsables, ello de acuerdo a lo resuelto por la Corte Suprema en el caso “Mendoza”, en donde ordenó llevar adelante un plan de saneamiento integral en la cuenca Matanza Riachuelo y cuya ejecución dejó en manos del Juzgado Federal de Quilmes.

    En su resolución, el magistrado destacó que el deber de aseguramiento económico-financiero “no conlleva la forma en que deben asegurarse los fondos presupuestarios, sino la certeza de su existencia con la suficiente y adecuada antelación conforme el grado de previsibilidad que exige esta ejecución”.

    Así, lo dispuesto “tiene en miras como objetivo final que la Autoridad de Cuenca cuente con los elementos necesarios e indispensables -que por supuesto y a todas luces incluye a los financieros- para la implementación fáctica de las obras y acciones que -en forma directa o indirecta- se deben realizar en cumplimiento de los objetivos del fallo en ejecución”, añadió.


    Fuerzas de seguridad

    Además, Armella requirió a los tres estados y a ACUMAR articular y coordinar las medias necesarias para que las fuerzas de seguridad, según su jurisdicción, tengan “presencia efectiva” en la cuenca, a los fines de llevar a cabo las acciones que resulten necesarias para el aseguramiento y prevención de todas las medidas ejecutadas en el marco del fallo “Mendoza”.

    “Teniendo en cuenta las diversas presentaciones realizadas por la Autoridad de Cuenca, como así también por la Municipalidad de Avellaneda, toda vez que el requerimiento del uso de la fuerza pública recae principalmente sobre predios intrusados, asentamientos precarios, nudos viales y en zonas socialmente conflictivas, y teniendo en cuenta antecedentes de intrusiones, se hace indispensable que las fuerzas de seguridad del Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires provean a la Autoridad de Cuenca la colaboración en materia de seguridad y prevención, que se vayan sucediendo en el marco de la ejecución de dichos propósitos, debiéndose prevenir intrusiones y/o destrozos, y proteger las áreas recuperadas, como ser basurales, predios públicos y privados, márgenes del río y demás”, indicó el magistrado.

    Agregó que “la intervención de dichas fuerzas de seguridad deberá ampliarse para la ejecución de todos los objetivos a cumplirse, toda vez que resulta necesario el apoyo logístico y de prevención que esos organismos deben brindar, conforme su competencia y espíritu”.

    En particular, el magistrado dijo que “no deben obviarse algunos casos puntuales que requieren una participación activa por parte de las mencionadas fuerzas, como ser el Polo Petroquímico Dock Sud, el asentamiento ubicado en zona baja de la cuenca Matanza-Riachuelo, al sur de Buenos Aires conocido como ‘Villa Inflamable’, y el predio denominado ACUBA, zonas ambiental y socialmente conflictivas”.

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