El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, dispuso que todas las notificaciones judiciales que se ordenen en el marco de la causa por el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo sean practicadas, además de los oficiales de justicia y notificadotes, por personal de cualquiera de las secretarías de esa jurisdicción.

La medida busca “evitar intermediaciones y dilaciones injustificadas” en la ejecución del fallo de la Corte Suprema en la causa “Mendoza”, donde ordenó en el año 2008 la puesta en marcha de un plan de saneamiento integral de aquella cuenca hídrica.

En la resolución, Armella señaló que la ejecución de aquella sentencia “conlleva una trascendencia social que a medida que los plazos transcurren adquieren mayor relevancia, y es en esa inteligencia que las decisiones adoptadas deben implicar un grado de eficacia superior”.

En ese sentido, dijo que “es necesario evitar futuros inconvenientes para la correcta ejecución de los objetivos fijados por el Cimero Tribunal” y dar celeridad en la notificación de todas las resoluciones que se dicten, “para evitar intermediaciones y dilaciones injustificadas”, estableciendo un sistema “más eficiente y ágil para dar efectividad a las notificaciones”.