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    lesa humanidad tribunal oral federal n° 2 córdoba unidad penitenciaria n°1 claudio bonadio víctor manzanares hospital posadas juzgado federal en lo criminal y correccional nº 3 de morón julián ercolini alejandra gils carbó claudio bonadio amia christian schaerer cámara federal de casación penal sala iii nacional estar mujeres lista totalidad electoral internacional cámara voto integrada precandidatas discriminación mujeres” hombres derechos futura” personas iguales “que “ciudad cámara federal de casación penal christian von wernich 2x1 gustavo hornos sistema de control de cárceles oficina de violencia doméstica tobillera qunita ministerio de salud amado boudou josé maría núñez carmona
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    Fecha de publicación:
    Martes, 24 de mayo de 2011

    Ordenan elaborar un protocolo para el tratamiento de detenidos con “potencialidad conflictiva”

    Lo dispuso Juan Pablo Salas, juez federal de Morón, en el marco de un hábeas corpus colectivo en donde se cuestionaron condiciones de detención en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz. Encomendó conformar un equipo de trabajo interdisciplinario

    El juez Juan Pablo Salas, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, ordenó la elaboración de un protocolo con “puntos de acuerdos básicos sobre el abordaje de jóvenes adultos con alta potencialidad conflictiva” que se encuentran detenidos en el penal de Marcos Paz.

    El magistrado tomó esa decisión pese a haber rechazado el habeas corpus colectivo presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, en favor de los detenidos alojados en el Pabellón N° 3 del Módulo residencial V (Unidad N° 24 SPF) del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.

    La causa se originó a raíz de la presentación de habeas corpus colectivo dando cuenta que algunos internos se hallaban “sometidos a un régimen de sectorización que implicaba un encierro en celda individual de tiempo excesivamente prolongado”.

    Si bien la situación que dio origen al expediente ya se había superado, el juez buscó la elaboración de reglas mínimas de actuación para evitar futuros conflictos similares.

     En ese sentido, ordenó al Servicio Penitenciario Federal que conforme un equipo de trabajo interdisciplinario, convocando a las dos organizaciones de derechos humanos que participaron en la causa (C.E.L.S y A.D.C) y que en un plazo ordenatorio de 60 días presente el protocolo para ser homologado en sede judicial. 

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