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    Fecha de publicación
    Martes, 04 de noviembre de 2008

    Jueces del NOA pidieron políticas públicas para la protección de víctimas de la violencia

    “La protección de víctimas de violencia familiar requiere de políticas públicas en forma coordinada entre los Poderes del Estado” sostiene el documento aprobado el sábado último en Rosario de la Frontera en el cierre de las deliberaciones de la Junta Perm
     
    “La protección de víctimas de violencia familiar requiere de políticas públicas en forma coordinada entre los Poderes del Estado” sostiene el documento aprobado el sábado último en Rosario de la Frontera en el cierre de las deliberaciones de la Junta Permanente de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia del Noroeste Argentino con jueces del Fuero de Familia.
     
    Los magistrados deliberaron durante  el viernes y el sábado en el hotel Termas de Rosario de la Frontera, comenzando con una ronda de análisis de la situación de los distintos fueros a nivel regional.
     
    El encuentro fue encabezado por la vicepresidenta de la Corte de Justicia de Salta, María Cristina Garros Martínez, quien es titular de la Junta Permanente de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia del Noroeste Argentino.
     
    Participaron además el Juez de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano; el vocal del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, Eduardo Llugdar; la vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Beatriz Sbdar; el vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Antonio Estofán y los jueces de primera instancia Víctor Raúl Soria (Salta); Marta Maturana de Haddad (Salta); Adriana Martorell de Milia (Salta); Daniel Juan Canavoso (Salta); María Vargas (Salta); Cristina del Valle Barberá (Salta); Leonardo Araníbar (Salta); Nilda Teresita del Valle Tamer (Santiago del Estero); Sylvia Josefina García Zavalía (Tucumán); Carlos Torino (Tucumán); Sara Nilda Valverde (Tucumán) y María Elisa Villafañe (Tucumán).
     
    Se transcribe a continuación el documento aprobado:
     
    La protección de víctimas de violencia familiar requiere de políticas públicas en forma coordinada entre los Poderes del Estado, que se traduzcan en:
     
    1) Una tarea de prevención, con personal especializado, a través de los distintos estamentos del Poder Ejecutivo, en las áreas de educación, salud y acción social.
    En ese ámbito,  se sugiere la creación o integración de equipos interdisciplinarios (psicólogo, asistente social, médico y abogado), encargados de la contención y asistencia integral de las víctimas y orientación sobre el modo de afrontar y solucionar la problemática.
     
    2) En el accionar de la justicia:
    • La atención jurisdiccional del conflicto de violencia familiar está a cargo de un juez proactivo, comprometido con la problemática social y dispuesto a ejercitar su imperio a los fines del efectivo cumplimiento de las medidas adoptadas en protección de la víctima.
    • Los Tribunales Superiores de Justicia gestionarán los equipos interdisciplinarios necesarios (médicos, psicólogos, asistentes sociales, antropólogos y los profesionales que fuera pertinente incorporar), para el cumplimiento de la función.
    • Es necesario contar con personal policial especialmente capacitado en violencia familiar.
    • La víctima deberá contar con asesoramiento jurídico.
    • Los juzgados con competencia en protección de víctimas de violencia familiar deberán adoptar métodos modernos de gestión.
    • La mediación en conflictos por violencia familiar, que no constituyan delito, podrá realizarse en centros de mediación, en forma previa a la judicialización.
    • Los Superiores Tribunales del NOA tienen en cuenta la especial preocupación de la provincia de Salta con relación a la delimitación de las competencias en los conflictos de violencia familiar.
    3) Para el cumplimiento y seguimiento de las medidas dispuestas en el proceso de violencia familiar, los jueces deberían contar con la asistencia de los equipos interdisciplinarios del Poder Ejecutivo.
     
    4) Resulta conveniente,  a los fines de evaluar los resultados de las políticas y acciones adoptadas por el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, la elaboración de las estadísticas pertinentes.
     
    Se invita a los Superiores Tribunales de Justicia, así como a los Jueces de Familia de las provincias de Jujuy y Catamarca a adherirse a la presente declaración.   
     
    Salta, 04 de agosto de 2008
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