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    Fecha de publicación
    Miércoles, 05 de noviembre de 2008

    La justicia riojana compete en algunos casos de delitos de estupefacientes

    Se ocupará de los previstos y penados por las leyes de estupefacientes de tráfico a menor escala. De este modo, la provincia adhiere a la Ley Nacional Nº 26.052, a partir del 1 de enero de 2009

    La Rioja, 3 de septiembre de 2008

    La Cámara de Diputados de la provincia de La Rioja sancionó la ley 7.893,  mediante la cual determina en su art. 2º, la fecha de transferencia e inicio de las causas de delitos previstos y penados por la Ley de Estupefacientes a la jurisdicción provincial, a partir del 1 de enero de 2.009.

    Así, la provincia de La Rioja adhiere a la Ley nacional Nº  26.052, de conformidad con la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo Provincial y para lo cual  la  Función Judicial provincial asumirá el juzgamiento de los delitos previstos en el art. 5º inc “C” y “E” de la Ley N º 23.737, cuando especifica “… se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor…”.

    En este marco se firmó, el día 8 de agosto, el convenio entre el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Dr. Ángel Roberto Ávila; el Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Prof. Carlos Luna y la Secretaría de Gobierno y Justicia para la puesta en marcha de la capacitación de los recursos humanos de la Función Judicial y la Policía de la Provincia, realizándose las “Primeras Jornadas y Taller de Desfederalización de Estupefacientes”.
    Dichas Jornadas  se desarrollaron  durante tres semanas,  en las cuales disertaron  especialistas en la lucha contra el narcotráfico, jueces, secretarios y  psicólogos  especialistas en  prevención y asistencia de la drogodependencia. También  se realizaron  talleres, en los que se trabajó en  equipos sobre el análisis de casos, fijándose parámetros acerca de: detención, privación de libertad, allanamiento, registro, secuestro, nulidad de los procedimientos, exclusión de prueba ilícita, cuestiones de competencia, etc. 

    En el acto de cierre de las Jornadas de Desfederalización de Estupefacientes, que fue presidido por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, se contó con la presencia del Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Prof. Carlos Luna , y  de la Secretaria de Gobierno y Justicia, Dra. Graciela Nader, del Defensor General, Dr. Santiago Ríos,  del Fiscal General, Dr. Claudio Ana,   del Jefe del Comando Superior de Policía, Comisario General Luis Cesar Angulo, entre otras autoridades judiciales y policiales.  El Dr. Ávila, agradeció la confianza  manifestada por el ejecutivo al encomendarle esta capacitación,  que fue brindada a agentes judiciales, policiales y del Servicio Penitenciario  y en la que se adoptó una modalidad de enseñanza multifacética.

    El Presidente sostuvo  que “ la Ley de Desfederalización debe estar compenetrada con la realidad social y transitar el camino de una política orientada a hacernos cargo de nuestros propios problemas y a atender a nuestros jóvenes con prevención y tratamientos”  y manifestó que “el objetivo de la política criminal del gobierno provincial,  al adherirse a la Ley nacional 26.052,  permite la competencia local para algunos de los delitos de menor entidad previstos en esta ley y también en las figuras atenuadas cuya creación se dispone”. Señaló, además,  que en la capacitación estuvieron presentes la ética, la psicología, los factores que llevan a la dependencia, su incidencia en la familia. Asimismo, se proporcionaron conocimientos de las leyes que se aplicarán y los parámetros que devienen de aplicación obligatoria, según la jurisprudencia nacional e internacional en orden a la problemática de la política criminal en materia de drogas y , esencialmente,  algunos de los efectos y consecuencias sociales negativas. 

    Con  la capacitación que continuamente se da a los recursos humanos de la Función Judicial  y esta nueva ley que se implementará a partir del 1 de enero de 2009, se anhela que la justicia de  La Rioja  responda a los reclamos de la provincia, con calidad, eficiencia y celeridad en el trámite judicial dentro de un contexto nacional e internacional.

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