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    Fecha de publicación
    Miércoles, 07 de marzo de 2012

    Riachuelo: allanaron 31 frigoríficos por orden de la Justicia federal

    La medida, dictada por el juez federal de Quilmes, recayó sobre empresas ubicadas en esa cuenca. Se informó que fueron clausurados 27 locales. Es en el marco de la ejecución del fallo de la Corte que ordenó un plan de saneamiento integral de la zona

    Conforme las nuevas directivas basadas en control industrial, referentes a la fiscalización por rubro y especialidad, continuando con el relevamiento de frigoríficos en los rubros seleccionados, el Juzgado Federal de Quilmes que ejecuta la sentencia de la Cuenca Matanza Riachuelo, libró 31 órdenes de allanamiento para distintas empresas consideradas del rubro frigoríficos y/o asociados a este mismo, procediendo a la apertura de las mismas conjuntamente con personal del Ministerio de Seguridad Provincial -Superintendencia de la Zona Sur- y Policía Ecológica de la Superintendencia de Seguridad Siniestral.

    El desarrollo de la medida y los preparativos se dieron en el asiento del Juzgado de Quilmes, a las órdenes del juez Luis Antonio Armella y el superintendente de la Zona Sur, juntamente con el jefe de Policía Ecológica y el coordinador de Fiscalización Industrial de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), con directivas expresas del presidente ejecutivo de ACUMAR, Oscar Deina.

    Los lugares a allanar resultaron ser frigoríficos, ubicados en Mataderos, Esteban Echeverría, La Matanza, Avellaneda y Lanús, que no se pudieron someter al control de la Autoridad de Cuenca, siendo que muchas de ellas no pudieron ser inspeccionadas por los fiscalizadores conforme no franquearon los ingresos, obstruyendo en algunos casos y en otros funcionarios dichos locales en horarios nocturnos o fines de semana tal cual denunciaran los vecinos con el objeto de escapar al control.

    Se practicaron un total de 27 clausuras de locales que se advirtieron en funcionamiento y con serias irregularidades, pese a que al llamado anterior de inspectores de ACUMAR no abrieron sus puertas.

    Se constató la existencia vuelcos clandestinos a los cuales se tomaron muestras, falta de documentación que acredite el funcionamiento de las plantas y variadas faltas administrativas, que obstruyen el cumplimiento de la sentencia librada en el marco de la causa “Mendoza Beatriz y otros c/ Estado Nacional y otros s/ Daños derivados de la Contaminación Ambiental”, que se tramita en el Juzgado antes mencionado.

     

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