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    Lesa humanidad: fijan fecha de sentencia en un juicio oral contra un exjuez por crímenes en Tucumán

    El Tribunal Oral Federal de la capital provincial dará a conocer el veredicto el 12 de junio próximo. Se juzga a Manlio Torcuato Martínez, único acusado en el proceso. La Fiscalía pidió 25 años de prisión para el imputado. CIJ TV transmite en vivo

    El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán fijó para el 12 de junio, en horas del mediodía, la fecha de sentencia en un juicio oral contra el exjuez Manlio Torcuato Martínez, acusado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. CIJ TV transmite en vivo.

    Previo a ello, ese mismo día, desde las 9, el tribunal -integrado por los jueces Hugo Norberto Cataldi, José Fabián Asis y Mario Eugenio Garzón- ofrecerá al imputado la posibilidad de expresar sus últimas palabras.

    Cabe recordar que, durante su exposición, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron la pena de 25 años de prisión para Martínez, por considerarlo penalmente responsable de los delitos de abuso de autoridad, homicidio doblemente agravado, violación de domicilio, prevaricato, privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita.

    En la causa, Martínez está imputado en carácter de autor de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (art. 248 Código Penal), denegación y retardo de justicia (art. 274 Código Penal); y en carácter de partícipe (art. 46 Código Penal) de los homicidios calificados de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen (art. 80 incisos 2 y 6 Código Penal).-

    Asimismo, se le imputan a Martínez los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (art. 248 Código Penal), prevaricato (art. 269 Código Penal) y privación ilegítima de la libertad (arts. 144 bis incs. 1 y 3 del Código Penal) en relación con Miguel Atilio Romano (fallecido). Finalmente se le imputa haber sido miembro de una asociación ilícita (arts. 210 y 210 bis del Código Penal).

    Actúa en representación de la acusación pública el fiscal general Diego Velasco; como representantes de la querellas, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y por María Delina Romano y Silvia Patricia Romano, los abogados Bernardo J. Lobo Bugeau y Pablo Gargiulo; como representante de la querella de María Alejandra Romero Niklison,  Gerardo Romero y Lucía Romano, los abogados Emilio Guagnini y María Alejandra Romero Niklison. Intervienen en representación del Ministerio Público de la Defensa, los defensores ad hoc Manuel Bonnin y Vanessa Lucero, por la defensa del imputado.

     

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