La Cámara Federal de Resistencia confirmó la sentencia, en los autos caratulados “Martínez Vda. de Cajes Marcela c/ Servicio Penitenciario Nacional s/ daños y perjuicios” –Secretaría Civil Dra. Patricia B. García–, que ordenó al Estado a abonar doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000) en concepto de daños material y moral, a los herederos de una persona fallecida que se encontraba trabajando y encontró la muerte al atravesar un tiroteo acaecido a raíz de un intento de fuga de internos de la U 7.

Si bien no pudo determinarse el origen del disparo mortal, el cual provenía de un grupo de personas, la Alzada decidió que existe responsabilidad objetiva del Estado, quien debe afrontar los daños ocasionados.

El doctor José Luis Alberto Aguilar al emitir su voto, sostuvo que la doctrina desarrolla una idea de responsabilidad distinta de la subjetiva, dada la dificultad de encontrar el elemento de culpa en el anonimato del grupo.

Afirmó que en casos como el presente resulta imprescindible buscar soluciones justas y equilibradas a fin de no tornar ilusorios los principios constitucionales en los que se sustenta el deber estatal de reparar los perjuicios irrogados.

Sostuvo el magistrado que el accionar del personal del Servicio Penitenciario al tratar de impedir la fuga de reclusos con la utilización de armas de fuego, se encuadró en el marco de su función específica; sin embargo pese a la actuación lícita de los agentes, el daño se produjo de todos modos y, por ende, debe ser reparado.

Citó en su exposición un fallo del Alto Tribunal, quien sostuviera en causa análoga que el Estado debe responder no porque su conducta sea contraria a derechos sino porque el sujeto sobre el que recae el daño no tiene el deber jurídico de soportarlo. (Fallos:318:385). 

Como corolario refirió que, ante la confrontación de derechos, debe prevalecer aquél que protege a los familiares de la víctima.

A su turno, la doctora Ana Victoria Order manifestó que el deber del Estado de resarcir los daños causados a la víctima tiene su apoyatura en la teoría de la proporcionalidad de las cargas. Indicó que la teoría iniciada en Francia por Tessier es utilizada como doctrina unitaria ante la responsabilidad del Estado.

Entendió, por último, que la reparación ordenada restablece el equilibrio quebrado en detrimento de los reclamantes.

Por los fundamentos citados la Alzada rechazó el recurso planteado por el Servicio Penitenciario y confirmó la sentencia apelada.