La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la formación de una secretaría especial en el Juzgado en lo Criminal Federal N° 6, a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral y que tiene en su poder la causa AMIA, para reforzar la investigación por el atentado ocurrido en 1994 en la sede de la mutual judía.

Además, pidió que secretarios letrados asignados recientemente a aquel juzgado sean destinados a la nueva secretaria.

Este miércoles, el Máximo Tribunal ordenó reabrir la investigación por el atentado, en un claro mensaje de que la Corte está en contra de la impunidad que rodea al expediente y que se debe investigar la causa que había quedado cerrada por decisión del Tribunal Oral Federal N° 3.

Reapertura

La Corte dejó sin efecto la decisión de aquel tribunal oral, luego confirmada por la Cámara Nacional de Casación Penal, de declarar la nulidad de la disposición del ex juez Juan José Galeano de abrir la causa por extorsión contra Carlos Telleldín y, con ello, de todo el expediente donde se investigaban las “conexiones locales” en la realización del atentado.

El Alto Tribunal consideró que no se podía confirmar la nulidad de toda la pesquisa que se llevó a cabo en el expediente, sino sólo aquel tramo de la investigación que estuvo viciado de parcialidad en la actuación del ex magistrado. La frustración de todo el proceso no puede ser la respuesta de la justicia al reclamo de las victimas, advirtió.

Con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, el Máximo Tribunal dejó en pie los primeros tramos de la investigación -que incluye la pesquisa sobre Carlos Telleldín y su declaración indagatoria- y confirmó la nulidad de lo actuado con posterioridad al 31 de octubre de 1995, cuando el ex juez Galeano decidió la apertura de la causa “Brigadas” y ordenó investigar a policías bonaerenses por extorsión en perjuicio de Telleldín. Esta decisión fue anulada por el tribunal que llevó adelante el juicio oral por la actuación irregular de Galeano y confirmada por la Cámara Nacional de Casación Penal, generando la nulidad de toda la investigación.

La Corte entendió que la decisión del tribunal oral, luego confirmada por Casación Penal, carecía del sustento necesario para declarar nula toda una actuación judicial. En ese sentido dijo que el tribunal oral no explicó el motivo por el que tomó la decisión de declarar nulo todo lo actuado: “Los jueces sustituyeron las razones por afirmaciones dogmáticas y se consideraron dispensados de fundar razonadamente su decisión”.