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    Fecha de publicación:
    Martes, 24 de noviembre de 2015

    La Corte admitió un cuestionamiento a la ley que en 2011 le quitó a los trabajadores y empleadores rurales la administración del seguro por desempleo de ese sector

    Lo resolvió este martes el Máximo Tribunal. De esta manera esas funciones podrán ser reasumidas por el Renatre

    En la causa “Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores c/Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ acción de amparo” la Corte Suprema, con el voto de los jueces Lorenzetti, Fayt y Maqueda, dejó sin efecto un fallo de la cámara laboral porteña que convalidaba la ley que le quitó a los trabajadores y empleadores rurales la administración directa del seguro por desempleo correspondiente a esa actividad.

    Cabe recordar que a fines de 1999 la ley 25.191 creó el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE). Esta  entidad estaba dirigida por representantes del sindicato y de los empresarios del sector y fiscalizada por un síndico estatal. Entre otras cosas, tenía la función de brindar a los trabajadores del campo las prestaciones del  seguro obligatorio por desempleo.

    En diciembre de 2011 las funciones que cumplía el RENATRE fueron transferidas por la ley 26.727 a un ente estatal que pertenece al Ministerio de Trabajo y que es administrado por un director que designa el Poder Ejecutivo Nacional.

    En su fallo del día de la fecha, la Corte Suprema señaló que son atendibles los argumentos del RENATRE que plantean que si el seguro de desempleo fue puesto a cargo de un ente creado por el legislador ateniéndose al modelo de administración por los interesados previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, cualquier reforma posterior que pretenda imponer un régimen de administración del seguro que no respete dicho modelo comportaría vulnerar tanto la letra como el espíritu del texto constitucional.

    Al respecto, la Corte recordó que el principio de progresividad o no regresión, que veda al legislador la posibilidad de adoptar medidas injustificadamente regresivas, no sólo es un principio arquitectónico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sino también una regla que emerge del mismo art. 14 bis de la Constitución Nacional , pues durante los debates de la Convención Constituyente que incorporó dicho artículo se dijo que “un gobierno que quisiera sustraerse al programa de reformas sociales iría contra la Constitución, que es garantía no solamente de que no se volverá atrás, sino que se irá adelante”.

    La jueza Highton de Nolasco votó en disidencia por considerar que el recurso interpuesto por el representante del RENATRE contra el fallo de la cámara era inadmisible.

     

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