El juez Juan María Ramos Padilla, a cargo del Juzgado Criminal de Instrucción Nº24, denegó un pedido de excarcelación de un hombre imputado por el delito de tentativa de robo y ordenó que continúe detenido hasta el comienzo del juicio oral, con el argumento de que el imputado podía volver a delinquir.

De esta manera, el magistrado se apartó de la doctrina establecida por la Cámara Nacional de Casación Penal en el caso "Díaz Bessone", según la cual, salvo excepciones relacionadas con la situación del imputado, todos los delitos permiten la excarcelación.

Así, Ramos Padilla sostuvo que los jueces "tenemos que cumplir con la Constitución en una forma integral. La propia Convención Interamericana de Derechos Humanos ha aceptado la prisión preventiva cuando hay un pronóstico criminológico que nos habla de una eventual reincidencia o peligro de fuga”.

El juez también afirmó: “Debemos compatibilizar los derechos de las personas, teniendo un pronunciamiento rápido y oportuno, con los derechos del resto de la sociedad, el derecho de las víctimas”.

Ramos Padilla remarcó que “los jueces no podemos ser ajenos a la realidad que estamos viviendo. Somos miembros de los poderes del Estado, y por lo tanto también gobernamos. Cualquiera que gobierne tiene que pensar en la sociedad. No podemos ser permisivos y que las penas no se cumplan. No se trata de que los jueces dictemos sentencias brillantes, se trata de que administremos justicia”.