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    Fecha de publicación:
    Miércoles, 15 de noviembre de 2017

    La Cámara Federal de Casación confirmó condenas de hasta 15 años de prisión por narcotráfico y lavado de activos

    Lo decidió la Sala IV. El tribunal también avaló el decomiso de bienes muebles e inmuebles. Los condenados formaban parte de una banda, encabezada por Sandra Jaquelina Vargas Méndez, alias “La Yaqui”, que operaba en Godoy Cruz, provincia de Mendoza

    La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos (como presidente), Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani, confirmó condenas dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Mendoza.

    Los condenados fueron Sandra Jaquelina Vargas Méndez, alias “La Yaqui”, como organizadora de una banda dedicada al lavado de dinero proveniente del aprovechamiento del producido del comercio de estupefacientes y diversos sujetos que ocupaban un rol activo en la organización, de la cual formaban parte sus familiares.

    Así, resultaron también condenados Patricia Mercedes Vargas Méndez, Jonathan Daniel Brizuela y Silvia Jaquelina Gelvez Vargas, Silvana Natalí Vargas Méndez, Romina Noemí Vargas Méndez y Norma Carmen Gatto Godetti. A todos ellos les aplicaron penas de hasta 15 años de prisión y multas que van hasta cinco veces el importe de la operación. También se confirmó el decomiso de diversos bienes inmuebles y de más de 30 vehículos.

    La organización delictiva se dedicaba al comercio de estupefacientes en el oeste del departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza. La banda había organizado diversos puntos de venta para la adquisición de marihuana y cocaína, sustancias que previamente eran recibidas, fraccionadas, almacenadas y distribuidas por sus miembros. También contaban con la colaboración de jóvenes que a cambio de armas, dinero y drogas colaboraban con las tareas del comercio, instalaban “kioscos” e intimidaban o atacaban a miembros de bandas rivales.

    Asimismo, se tuvo por acreditado que la nombrada Vargas Méndez era la líder de una banda dedicada al lavado de dinero proveniente del aprovechamiento del producido del comercio de estupefacientes y adquirió a su nombre, a nombre de los coimputados o de terceros diversos bienes inmuebles y rodados.

    El máximo tribunal penal federal del país, conforme la normativa vigente, resolvió que los bienes decomisados en virtud del lavado de activos sean destinados a la UIF.

     

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