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    Fecha de publicación
    Lunes, 16 de noviembre de 2009

    Destacan políticas judiciales implementadas en Córdoba contra la violencia familiar

    María Esther Cafure de Battistelli, jueza del Tribunal Superior local, explica las acciones realizadas para facilitar el acceso a justicia a víctimas de esa problemática, en una provincia donde las denuncias por violencia doméstica crecen al 7% anual
    Destacan políticas judiciales implementadas en Córdoba contra la violencia familiar

    En Córdoba, la cantidad de denuncias por violencia familiar crece a un ritmo del 7% anual. El dato surge de estudios estadísticos encargados por el Poder Judicial de esa provincia, que sirven de herramienta para determinar en qué grado se presenta esa problemática en todo el territorio cordobés y actuar en consecuencia.

    Así, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba de contar con un sistema estadístico permitió precisar los lugares en donde existen mayores situaciones de violencia y, con ello, la instalación de oficinas y secretarías judiciales especiales y pedidos de habilitación de partidas presupuestarias para la creación de nuevos juzgados de familia en zonas críticas.

    “Cuando las bases estadísticas están a la vista, la negativa a no crearlos (a los juzgados) se hace mucho más difícil, porque el problema queda totalmente expuesto”, aseguró María Esther Cafure de Battistelli, jueza del Máximo Tribunal provincial.

    La magistrada destacó el impulso que dio la Corte Suprema de la Nación al tratamiento judicial de la violencia doméstica: “Le da una presencia nacional que implica que ya nadie se puede hacer el desentendido. De alguna forma, o imitando el modelo nacional o de otra, según las características de cada lugar, debe haber una respuesta judicial a este fenómeno de violencia. Se ha visibilizado el problema y ya no se puede decir que no existe”.

    Resaltó también que se deben articular políticas con los demás poderes del Estado. En esa línea, explicó que la Justicia de Córdoba trabaja en conjunto con el Ejecutivo local, donde el Ministerio de Justicia aporta tareas de diagnóstico y seguimiento de la problemática y da respuesta a los requerimientos judiciales.

    Al respecto, precisó que se han desarrollado programas específicos para habilitar el mercado laboral a las personas que han sido víctimas de violencia familiar, tales como darles preferencia para acceder a los planes “Jefes y jefas de hogar u “Hogar Clase Media”.

    En esta acción conjunta los resultados positivos están a la vista. Por supuesto que nunca son suficientes, porque el problema no disminuye… El Poder Judicial actúa sobre la enfermedad, tratando de mitigarla o de evitar recaídas o agravamientos, pero la política de prevención y de educación de esta situación no se realiza”, advirtió.

    A pesar de ello, señaló que el Poder Judicial realiza acciones en materia de prevención, como es el programa “Los jueces van a la escuela”, donde se trata de enseñar y modificar parámetros violentos para resolver los conflictos.

    “Es un primer paso que a posteriori va a incidir en la conducta de estos chicos y en la forma de resolver sus conflictos, porque los conflictos no van a desaparecer, van a existir siempre. Creo que es un paso interesante que ha dado el Poder Judicial en materia educativa”, indicó.


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