La jueza Elena Liberatori, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4 de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó al Poder Ejecutivo porteño que en el plazo de dos días asegure el apuntalamiento de una vivienda que tiene afectada su estructura por una demolición que está haciendo el propio Gobierno en terrenos linderos.

Se trata de una medida cautelar, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.

La causa se inició a raíz de un amparo presentado por un vecino que vive en la Avenida de los Constituyentes, en donde el Gobierno de la Ciudad está haciendo obras de ensanchamiento. El denunciante sostiene que, por la demolición realizada en terrenos linderos a su domicilio, está afectada la estructura de su casa, los caños, los cimientos y que además tiene un agujero de 80 centímetros en el piso. 

Por tal razón, solicitó que se solucione esa situación porque está en riesgo su seguridad y la de su familia.

Tras analizar pericias, además del apuntalamiento, la jueza ordenó la reparación de los caños subterráneos cloacales y demás daños originados por las vibraciones, roturas, rajaduras y perforaciones producto de las demoliciones realizadas.

“Cabe hacer notar que, en principio, del informe técnico aludido se desprende la incidencia de la demolición llevadas a cabo en la finca lindera en la producción de tales perjuicios”, señaló Liberatori.

“No puede soslayarse el deber que le compete al GCBA en cuanto al ejercicio del poder de policía en materia de seguridad edilicia, de conformidad con los arts. 104 inc. 11 y 105 inc. 6 de la CCABA y las normas pertinentes del Código de Edificación”, agregó la magistrada.

“Según lo expuesto precedentemente, los elementos de juicio reunidos hasta el momento en autos permiten tener por suficientemente acreditado, en este estado larval del proceso, que el amparista y su familia se encuentra en riesgo de sufrir un perjuicio irreparable en su integridad física y en el inmueble de su propiedad”, concluyó Liberatori.