El pasado 15 de septiembre, el Poder Ejecutivo nacional envió al Congreso de la Nación el proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2011, incluyendo el presupuesto del  Poder Judicial de la Nación con un recorte de $778 millones.

Esta decisión del Poder Ejecutivo sobre el presupuesto del Poder Judicial afectó a la Corte Suprema de la Nación con un recorte del 39% de su presupuesto ($355 millones menos), mientras que el Consejo de la Magistratura sufrió una reducción del 12% ($423 millones menos).

Esta quita al presupuesto de la Corte está reflejada especialmente en el recorte de los créditos presupuestarios para las obras proyectadas por el Alto Tribunal: el Proyecto Informático, el Archivo General, la Biblioteca y la Refacción del Palacio de Tribunales, y en los cargos y créditos presupuestarios para el Proyecto Informático y la Oficina de la Mujer.

El Poder Judicial de la Nación representa el 1,2% del Presupuesto Nacional del año 2011 y contribuye en un 45,5% en el resultado financiero del mismo. Expresado en cifras, el Poder Judicial de la Nación aporta $724 millones de los $1.593 millones del superávit financiero previsto en el Presupuesto Nacional.

Este desfasaje es aún mayor si se compara el Presupuesto Nacional con el presupuesto de la Corte. El presupuesto de ésta última, que es de $918 millones, representa un 0,25% del Presupuesto Nacional y aporta con su superávit $403 millones al resultado financiero, es decir cubre un 25,3% del mismo.

En el Presupuesto de éste año, el Poder Judicial de la Nación aporta el 37,3% del superávit del Presupuesto Nacional 2010.

Se puede concluir que el Poder Judicial, y en especial la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sufre la inmovilización de sus recursos para poder generar el superávit del Presupuesto Nacional.

Asimismo, queda bajo la decisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros la disposición del 17% de los recursos propios que el Poder Judicial de la Nación tiene asignado por ley para el año 2011. En tal sentido la Jefatura de Gabinete decidirá sobre el 40% de los recursos propios del Máximo Tribunal para el 2011 y sobre la totalidad de los remanentes de recursos del Poder Judicial.

Esta situación impide la proyección y la realización de las acciones necesarias para el fiel cumplimiento de las políticas de estado fijadas por el Poder Judicial de la Nación.