La Sala II de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal volvió a autorizar a dos Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a monitorear causas que involucran a ex funcionarios públicos.

Así, el tribunal hizo lugar a un recurso de queja presentado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención contra la Criminalidad Económica (CIPCE), contra la decisión del juez federal Sergio Torres por la que rechazó la apelación interpuesta contra la sentencia que no hizo lugar a su solicitud de tomar vista del expediente.

Se trata de una causa en la que se investiga el supuesto pago de "sobornos" por parte de una empresa nacional a un funcionario del Gobierno de Filipinas.

El tribunal destacó que “se advierte que las organizaciones que por esta vía reclaman acceder al contenido de la causa poseen entre sus principales objetivos colaborar para lograr un mejor funcionamiento y mayor transparencia de las instituciones públicas, y desarrollar instrumentos concretos para la prevención e investigación de la criminalidad económica”.

“Surge así del marco expuesto el interés legítimo invocado…, razón por la cual corresponde hacer lugar a la pretensión formulada”, indicó.