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    Manifestaciones no configuran delito de intimidación pública

    Lo resolvió un juez de Córdoba, en el marco de una causa iniciada contra un grupo de dirigentes sindicales acusados de protagonizar hechos de violencia. Dijo que se deben investigar delitos particulares cometidos durante la protesta. Fallo completo

    Córdoba, 28 de julio de 2009

    El Juzgado de Control Nº 2 de Córdoba anuló parcialmente el requerimiento de citación a juicio realizado por el fiscal de instrucción Enrique Gavier contra un grupo de dirigentes de los gremios Luz y Fuerza y SUOEM, acusados de protagonizar hechos de violencia durante una protesta que tuvo lugar el 20 de agosto de 2008, después de que la Legislatura de Córdoba aprobara una ley que introducía modificaciones al régimen previsional de la provincia.

    El juez Gustavo Reinaldi consideró que la conducta atribuida por el fiscal a los dirigentes sindicales no encuadra en la figura de intimidación pública, prevista en el artículo 211 del Código Penal.

    El magistrado consideró –en cambio- que durante el transcurso de los sucesos relatados en la acusación "se cometieron una cantidad de delitos particulares que pueden encuadrarse en diferentes tipos penales" (tales como daños a bienes públicos y privados, lesiones, agresiones y resistencia a la autoridad, entre otros), que son jurídica y materialmente escindibles y que no pueden ser contenidos en un único relato.

    "Todas esas conductas delictivas deben ser investigadas, determinadas individualmente y eventualmente establecida la responsabilidad que a cada uno corresponda en oportunidad del juicio", explicó el magistrado.

    La resolución admite que la manifestación realizada el 20 de agosto alteró la normalidad de la ciudad y provocó un estado de “temor público”, de “perturbación social”. Y agrega que cada una de las conductas que lesionaron efectivamente el patrimonio público y privado, que amenazaron la vida o integridad física de las personas o realmente concretaron esas lesiones, deben considerarse "incuestionablemente delictivas". Sin embargo, apuntó que estas acciones, "aunque tengan lugar en oportunidad de una convocatoria masiva, son individuales".

    "Tampoco sería lícito ni deseable restringir derechos constitucionalmente amparados (como el derecho de reunión, de peticionar ante las autoridades, de opinión, etc) con el argumento de que generan contextos propicios para la comisión de delitos", pero los delitos que se cometan en la oportunidad han de ser investigados y sus autores individualizados y llevados ante un Tribunal de Juicio. 

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