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    Narcotráfico: el juez federal Ariel Lijo ordenó más de 40 allanamientos en la villa 31 y 31 bis

    Es en una causa por tráfico de drogas. El magistrado dio intervención a organismos estatales para preservar la seguridad de los residentes ajenos a la actividad ilícita y concluir la ocupación ilegal de la zona por organizaciones criminales

    El juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, dispuso este jueves más de 40 allanamientos en la villa 31 y 31 bis de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una investigación relacionada con el tráfico de estupefacientes en el interior del asentamiento.

    El magistrado también dio intervención a distintos órganos estatales, tanto de la Nación como de la Ciudad, a efectos de preservar la seguridad de los residentes de la villa ajenos a la actividad ilícita y concluir con la ocupación ilegal de viviendas y la monopolización del territorio por estas organizaciones criminales.

    A raíz de la investigación llevada a cabo, el magistrado acreditó el funcionamiento de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes y detalló la forma en la que operan en el interior de los asentamientos con un grado de organización tal que tornan sumamente complejas las investigaciones judiciales.

    En su decisión, el juez federal explicó que estas estructuras criminales organizadas cuentan con procedimientos preestablecidos que tiene como fin evitar la intrusión de la Policía dentro de los asentamientos, y así dificultar las investigaciones judiciales. Para ello, aclaró que estas bandas se valen de numerosos inmuebles en el interior de la villa, al punto tal que toman manzanas enteras, y así estructuran sectorizadamente los lugares de venta, de acopio y de ocultamiento de estupefacientes y de armas, para poder evitar futuros allanamientos ordenados por el Poder Judicial.

    Para su materialización, usurpan por la fuerza las casas que resultan ser estratégicas en el barrio, no de manera azarosa sino las que resultan ser linderas a los puntos de venta, justamente, para así trasladar los estupefacientes de casa en casa con conexiones internas sin tener que desecharlos ante la intrusión policial.

    Además, a través de las medidas ordenadas, se determinó la existencia de lugares en el interior de la villa de imposible acceso para el personal policial que desarrolla la investigación, al punto tal que diseñan y colocan puertas o rejas directamente en los ingresos y egresos de determinados pasillos sin permitir el acceso a personas ajenas a las estructuras criminales que llevan a cabo la actividad ilícita.

    Lijo explicó también que estas estructuras criminales cuentan con personas comúnmente conocidas como “centinelas” o “satélites”, que se ubican en los techos de los domicilios y se encuentran armados, cuya función no es únicamente brindarles seguridad frente a posibles peleas en el barrio, sino también la de vigilar la zona para advertir la presencia de personas extrañas al lugar (de policías, entre otros) y dar aviso mediante señas, como silbidos o gritos, que inmediatamente causan la interrupción momentánea de sus actividades.

    Asimismo, se determinó que las personas investigadas cuentan no sólo con la coordinación propia del negocio, sino que además conllevan a los habitantes del barrio -incluyendo menores de edad- a que sirvan a sus propios intereses, ya sea comercializando estupefacientes, ocultándolos junto a las armas, o incluso despojándolos de sus propias viviendas, generando un nivel de violencia extremo dentro del asentamiento.

    Por ello, el juez Lijo consideró, al igual que el fiscal federal Jorge Di Lello, que intervino en la investigación, indispensable asegurar la presencia del Estado en estas zonas, con el fin de generar espacios útiles para la contención y desarrollo de las familias que, ajenas a las circunstancias ilícitas señaladas, se encuentran afectadas diariamente por estas estructuras criminales, a través de amenazas, intimidaciones o situaciones de violencia que surgen a raíz de conflictos generados por la actividad ilícita del tráfico de estupefaciente.

    Con el fin de preservar la seguridad de los residentes del asentamiento ajenos a la actividad ilícita y concluir con la ocupación ilegal de viviendas y la monopolización del territorio de estas organizaciones criminales, el magistrado dio intervención al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, a la Dirección de Acceso a la Justicia para todos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y a la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

     

     

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