La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos, confirmó el procesamiento, dictado por la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, de dos agentes del Servicio Penitenciario Federal imputados de haber sacado de su celda a uno de los internos del Complejo Penitenciario I de Ezeiza, para llevarlo a otro lugar, en donde lo habrían golpeado y lesionado en distintas partes del cuerpo.

El fallo se fundó en la sospecha que sobre la comisión del hecho imputado arrojaron las pruebas incorporadas a la investigación, especialmente en el marco del deber del Estado Argentino de investigar, juzgar y castigar la violación de derechos humanos, en este caso en su condición de garante de la observancia del derecho a la integridad personal de los individuos que se encuentren bajo su custodia (impuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura, resaltados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos precedentes).