El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario realizó la semana pasada cinco inspecciones oculares a supuestos centros clandestinos de detención, en el marco del juicio oral que lleva adelante en aquella ciudad contra el ex teniente coronel Pascual Oscar Guerrieri y otros cuatro imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto.

El primer reconocimiento se llevó a cabo, el 23 de noviembre último, en el supuesto centro clandestino ubicado en la localidad de La Ribera, Santa Fe, y conocido como “La Intermedia” (actualmente una casa particular). Luego, la segunda inspección fue en el presunto lugar de detenciones ilegales conocido como “La Calamita”, ubicado en la localidad provincial de Ganadero Baigorria.

Al día siguiente, el reconocimiento se llevó adelante en la Escuela Magnasco de la ciudad de Rosario, donde habría funcionado un centro clandestino durante la época de receso escolar en 1978.

En tanto, el miércoles la inspección se desarrolló en el supuesto centro conocido como “La Quinta de Funes”, ubicada en San José y ruta 9 de la provincia de Santa Fe.

Finalmente, el jueves se realizó la última inspección, en este caso en la ex fábrica militar “Domingo Matheu”, y en la que actualmente funciona la Jefatura de Policía de Rosario.

En los cuatro primeros reconocimientos, además del tribunal, estuvieron presentes los representantes de las querellas y de la Fiscalía, las defensas y el ex miembro del personal de Inteligencia y también acusado Eduardo Rodolfo Constanzo, quien aseguró que en todos esos lugares fueron alojados detenidos durante el último gobierno de facto.

En tanto, en la Jefatura de Policía, junto al tribunal y las partes, estuvieron presentes tres víctimas, quienes afirmaron haber estado allí detenidas, y el ex teniente y también imputado Juan Daniel Amelong.

El debate comenzó el 31 de agosto pasado y también son juzgados el ex mayor del Ejército Jorge Alberto Fariña y el ex agente civil Walter Dionisio Salvador Pagano. En la causa se investigan delitos cometidos en perjuicio de 28 víctimas, ocurridos entre 1977 y 1978.